Geolocalización durante la cuarentena

Las restricciones de movilidad han sido la primera gran medida que han tomado los gobiernos del mundo para erradicar la pandemia del coronavirus. El aislamiento permite salvaguardar la salud de la población sana e impedir que los contagiados propaguen la enfermedad sin conocimiento. En España se ha superado ya el primer mes de cuarentena y el pico de infectados, a priori, también, por lo que se han empezado a poner sobre la mesa propuestas para llevar a cabo un levantamiento seguro de los vetos.

Las nuevas tecnologías se han tornado en gran aliado de la sanidad y su desarrollo puede resultar crucial en el periodo de desconfinamiento. Las aplicaciones online de información y evaluación del coronavirus se han puesto en funcionamiento en las últimas semanas y una de las utilidades puestas a disposición del Gobierno de España abre un interrogante sobre los derechos de privacidad y la voluntad personal de mostrar sus datos: la geolocalización.

Conocer la ubicación exacta de un individuo es posible a día de hoy gracias a la tecnología GPS integrada en diversos dispositivos. Además, está amparado por la legalidad española dentro de unas condiciones que quedaron registradas en el BOE mediante Real Decreto el pasado 27 de marzo. Según la legislación, esta opción está permitida mediante la aplicación ‘Asistencia COVID-19’ desarrollada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital «a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar».

Qué dice la ley

En este caso, la recogida de datos se considera «lícita para proteger un interés esencial», como ha asegurado a Leganés Activo José Morato, abogado especializado en derecho digital de la empresa Letslaw, en base al artículo 6.1.e del Reglamento General de Protección de Datos vigente en toda Europa. No obstante, explica las barreras rojas que delimitan la actuación de este permiso extraordinario recogido a causa de la pandemia.

Para que las referencias obtenidas no vulneren la privacidad de las personas es necesario cumplir a rajatabla una «minimización de los datos», comenta Morato. Todos estos análisis, para los que también se ha pedido la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE), deben hacerse de forma «agregada y anonimizada». «Los datos personales no están teniendo visibilidad,» insiste el experto, asegurando además que «en ningún punto se legitima al Estado a conllevar ningún tipo de acción o multa» apoyándose en la app móvil.

También advierte de que existe la posibilidad legal de los ciudadanos europeos de atenerse a los derechos ARSO introducidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si alguna persona está disconforme con su seguimiento tiene opción de acceder a sus datos, pedir su rectificación, su supresión y en última instancia oponerse al tratamiento de su información. En cuanto a la aplicación frente al coronavirus, ni siquiera el Gobierno estaría capacitado para impedirlo al ser su titular.

Utilidad del GPS contra la COVID-19

España no es pionera en el intento de apoyarse en la geolocalización como herramienta válida para prevenir los efectos del coronavirus en su sociedad, por lo que los modelos utilizados en otros países permiten saber cuál es el rumbo deseado. Rubén Cuevas, profesor titular de la UC3M y subdirector del Instituto de Big Data UC3M-Santander, ha atendido a Leganés Activo para desenmarañar las pretensiones y la eficacia de los sistemas que se han puesto sobre la mesa.

El modelo español contempla la tecnología GPS para establecer los rastreos con precisión. Este modelo, según cuenta Cuevas, aporta ventajas a la hora de conocer dónde han estado concretamente los contagiados por coronavirus y así establecer confinamientos selectivos y dar prioridad a los tests para quienes sean sospechosos portadores. Sin embargo, la pandemia requiere obtener resultados de toda la población, con lo cual actualmente resulta inviable acogerse con éxito a este sistema que utiliza una aplicación gubernamental que acumula poco más de 10.000 descargas.

Ante ello, Rubén Cuevas propone una vía que todavía no ha decidido tomar el Estado: solicitar a los operadores móviles que pongan a su disposición la localización de sus usuarios. Según los datos de We Are Social, el porcentaje de españoles entre 16 y 64 años con smartphone es del 94%, por lo que el ratio de control se multiplicaría a lo grande.